Presunción de inocencia
Hace unos días comencé la mañana escuchando que una conocida política española, senadora para más señas, había sufrido un infarto y posteriormente había fallecido en el hotel madrileño en el que se hospedaba. Desde ese momento, y ya en el transcurso del día, pude escuchar, tras la conmoción de las primeras horas, la postura de los adalides de la intransigencia totalitaria, de los que no valoran ni respetan la vida de un ser humano, siempre y cuando no sea de uno de los suyos, por supuesto. Con el paso del tiempo se pudo oír los reproches a los que la habían acusado o a los que la habían dado de lado, pero también, el silencio de aquellos que se creen los bisturís de la corrupción, por último, el agradecimiento de los que habían sido sus votantes, pasó el tiempo, el homenaje de sus vecinos en su tierra, el velatorio, el funeral….
Independientemente de la incalificable actuación de determinados sectores y grupos políticos al mofarse por la muerte de una persona, sea cual sea el color político de esta, que necesitaría ya de por si solo de un tratado de educación cuando no de psiquiatría, ¿que reflexión nos queda después?
En las democracias modernas existe un principio fundamental que rige el ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, que a diferencia de lo que parece que creen muchos no es ni un privilegio, ni una garantía de impunidad, ni un salvavidas ante una acusación, no, todo lo contrario, es un derecho, una garantía que tenemos TODOS, incluido Vd. mismo que me hace el honor de leerme, que significa que dada la situación en la que alguien insinúe o manifieste abiertamente que hemos cometido un ilícito penal seamos plenamente inocentes hasta que esas insinuaciones o manifestaciones sean probadas, nosotros podamos defendernos y un Juez decida sobre ello.
Esta garantía tiene su razón de ser como contradicción a lo que en la práctica se establece en regímenes totalitarios, bien de corte fascista, o comunista, pero al fin usurpadores de la libertad individual, en los que la simple acusación de un particular o del régimen imperante sirve, sin más, tras el consabido simulacro de juicio en el mejor de los casos, para condenar. De esto tenemos números ejemplos en el pasado, dentro y fuera de nuestro país, y en el presente en las diferentes dictaduras que aún perviven.
A esta garantía, fundamental en esas democracias a las que tanto nos gusta compararnos, se enfrenta en nuestra querida España la llamada “pena del telediario” por la que se produce el castigo de una persona de forma mediática por el hecho de que alguien acuse sin pruebas o con ellas, se reitere y difunda la acusación.
Piense por un momento el amable lector que si abren determinados telediarios hablando de Vd., determinados informativos radiofónicos igualmente hablando de vd., determinadas portadas con su imagen, determinados cometarios en redes sociales denigrándole, se ve perseguido por determinadas cámaras de TV en el transcurso de su día a día, y digo determinados por que sería injusto generalizar, diciendo en todas estas informaciones que se le ha “cazado” en cualquier infracción, ¿como se sentiría?. Vd. no se ha podido defender, ningún Juez se ha pronunciado sobre si de lo que se le acusa es o no delito, ni siquiera que Vd. participase en ello, y menos aún que sea culpable; pero toda la sociedad, su entorno, su familia, sus amigos, y hasta un señor de Cádiz, o de Orense, ya piensan que Vd. es un delincuente. ¿Es eso Justicia? Evidentemente no, es una forma clásica de perseguir al contrario, al enemigo, al que no piensa como uno mismo, es una forma añeja de intolerancia.
Cuando esto sucede, el eco social es tan grande que se entra en una vorágine en la que la critica se aumenta, se hincha por momentos, hasta un punto en el que esa persona parece tan miserable que ya no se sabe bien en lo que se supone que estaba implicado, ¿pero ese detalle importa?
En España hay muchas causas abiertas a dirigentes políticos de todos los colores, unos van siendo condenados, a otros se les archiva la acusación, o se les absuelve por no ser delito o por no haberlo cometido él, pero ya no se es portada de nada, la mancha, el descrédito, la infamia queda, ¿Quién se responsabiliza de ello? Nadie.
Pero esta garantía, ese derecho de la presunción de inocencia, no es exclusivo de políticos, lo es de todo ciudadano ante la justicia, y si me apura de cualquier ser humano con su prójimo, a los que son creyentes les sonará mucho aquello de no crear falsos testimonios. Es un derecho que debemos reclamar para la vida pública de nuestro país y una filosofía que nos la deberíamos aplicar en nuestra vida personal.
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